Anunciaron que la jubilación mínima subirá en julio a $ 350

LA SITUACION SOCIAL: CLARIN LO HABIA ANTICIPADO EL DOMINGO

Fuente: http://www.clarin.com/diario/2005/06/16/elpais/p-00301.htm

Ismael Bermúdez.
ibermudez@clarin.com

La medida beneficia a 2,4 millones de personas, entre jubilados, pensionados y excombatientes. Es el sexto ajuste que se aplica desde que asumió Néstor Kirchner.

A partir de julio el haber mínimo en las jubilaciones y pensiones subirá de 308 pesos a 350 pesos. La medida beneficia a 2,4 millones de personas, discriminadas de la siguiente forma: 2 millones de jubilados que cobran la mínima y 400.000 pensionados y excombatientes de Malvinas cuyos haberes están atados a ese haber.

El ajuste fue anunciado ayer por los ministros de Economía, Roberto Lavagna, y de Trabajo, Carlos Tomada, tras visitar a Néstor Kirchner en la Casa Rosa da. Esta medida había sido anticipada por Clarín en su edición del domingo pasado.

Representa un aumento de hasta 42 pesos, que comenzará a ser percibido a partir de mediados del mes próximo. Para las pensiones no contributivas la mejora es de 29,40 pesos y para los excombatientes de Malvinas llega a 126 pesos.

También casi 40.000 personas jubiladas a través de las AFJP y, que cobran la mínima, recibirán el aumento. Esto se debe a que una parte de sus jubilaciones, por los aportes hechos al Estado, es pagada por la ANSeS.

El resto de los jubilados y pensionados "no tendrá ninguna mejora en los haberes en esta oportunidad", aclararon ambos ministros.

A partir de julio, quien gana 308 pesos cobrará 350. Quien cobra 320 pesos tendrá un aumento de 30 pesos hasta llegar a los 350 pesos. Y para quien gana 340 pesos, la suba será de $ 10.

En el caso de los casi 400.000 que cobran una pensión no contributiva —porque no tienen otra fuente de ingresos— su haber es equivalente al 70% de la jubilación mínima. Por eso, pasarán a ganar 245 pesos contra los 215,60 que cobran actualmente.

Los 14.700 de los pensionados excombatientes de Malvinas tienen un aumento superior. Como su pensión equivale a 3 jubilaciones mínimas, pasarán de 924 a cobrar 1.050 pesos.

El aumento no integra el medio aguinaldo que se está pagando en estos días. Sí se calculará para el medio aguinaldo que se abona en diciembre próximo.

El ministro Lavagna dijo que el costo de este aumento para el Estado "será de $ 715 millones desde julio y hasta fines de diciembre, y será financiado con ahorros de la ANSeS". Pero según informó más tarde la propia ANSeS, "el impacto de la medida durante 2005 es de 581,5 millones de pesos, unos 89 millones de pesos mensuales".

Este organismo paga casi 1.500 millones de pesos mensuales en jubilaciones y pensiones. Ese gasto equivale para los 3,1 millones de beneficiarios del sistema un haber medio de 489 pesos mensuales. Además, paga otras 400.000 pensiones no contributivas a un promedio de 245 pesos mensuales.

Con este aumento, y considerando las pensiones no contributivas, casi el 70% de los jubilados y pensionados pasará a ganar el haber mínimo. Y eso se debe a que el Gobierno aumentó en varias oportunidades la jubilación mínima, absorbiendo los subsidios complementarios que se pagaban en los años anteriores.

En cambio, con una inflación que acumula un 63% desde fines de 2001, los que ganan por encima del haber mínimo y 1.000 pesos tuvieron un aumento de hasta el 10% . Y los que cobran más de 1.000 pesos no tuvieron ningún incremento.

El titular del Palacio de Hacienda recordó que "ésta es la octava mejora que se brinda a las jubilaciones mínimas después de la crisis económica y política de fines del 2001 y de la devaluación monetaria". Pero es la sexta desde que asumió Néstor Kirchner.

Con relación a las mejoras para el resto de los jubilados, el ministro Tomada explicó que "ésta es una medida consecuente con la decisión de privilegiar a quienes tienen los menores ingresos".

El titular de la ANSeS, Sergio Massa, adelantó que "este aumento se empezará a cobrar a partir del 11 de julio, según el calendario de pagos, y marca que la prioridad son los jubilados".

 

 

La situación previsional: el haber deberá ajustarse en un 70%
Un fallo esperado y con fuerte impacto
La sentencia es sólo para un caso, pero sienta precedente para todos los juicios e implica un mensaje político al Gobierno

Fuente: LA NACIÓN - Martes 27 de noviembre de 2007 http://www.lanacion.com.ar/economia/nota.asp?nota_id=965976&origen=premium

El fallo dictado ayer por los jueces de la Corte Suprema tiene en principio consecuencias sólo para Adolfo Badaro, el jubilado que inició un juicio años atrás para reclamar la actualización de su haber jubilatorio. Al igual que otros 200.000 pasivos, Badaro cobraba, cuando fue la devaluación, más de $ 1000 mensuales; desde ese entonces, ese grupo de personas sólo recibió un primer ajuste, del 11%, en junio de 2006, cuando el índice oficial de precios acumulaba un alza superior al 80 por ciento.

Pero la sentencia sienta un antecedente para todos los juicios que están en trámite -unos 40.000, según fuentes del Gobierno- y los que se inicien de ahora en más. Y no necesariamente se aplicaría sólo para los casos de quienes tienen haberes superiores a los $ 1000, porque muchos de los que cobran por debajo de esa cifra también recibieron ajustes, en los últimos años, que se ubicaron por debajo de la evolución de los salarios.

El fallo conlleva un fuerte mensaje al Gobierno, que no dispuso aún un mecanismo automático de ajuste de las jubilaciones, tal como la Corte había ordenado. Ahora, los jueces dispusieron que la Anses aplique al haber mensual que Badaro cobraba en 2001 una suba de frecuencia anual, entre 2002 y 2006, siguiendo el valor del índice general de salarios que calcula el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Eso es lo que, a diciembre de 2006, da un alza acumulada de 88,57 por ciento. En ese período se otorgó el mencionado aumento del 11%, y ese porcentaje será descontado al hacerse el cálculo de lo que correspondió cobrar según el criterio de la Corte.

Al haber resultante de aplicar esos ajustes (entendiendo entonces que por cada $ 100 cobrados en 2001, en diciembre de 2006 debían percibirse $ 188,57) se deben sumar los dos otorgados por el Gobierno a las jubilaciones durante este año: uno del 13%, desde enero, y otro del 12,5%, vigente desde septiembre. De eso resulta que, en comparación con 2001, el ingreso mensual deberá ser un 139,72% superior, según estimó el abogado especialista en temas previsionales Guillermo Jáuregui. Hoy el haber es un 41,11% mayor que en 2001: la diferencia, que es el aumento que debería recibir Badaro en sus haberes, es de un 70 por ciento. Además, la Corte ordena pagar los montos retroactivos por los ajustes no otorgados durante 2002 y 2006.

El valor final del ingreso, de todas formas, dependerá de cómo la Anses realice la liquidación y si interpreta que corresponde o no aplicar topes.

Según explicó a LA NACION Graciela Stasevich, la abogada de Badaro, los jueces están dejando la puerta abierta para que, eventualmente, pueda hacerse un nuevo reclamo el próximo año, si el ajuste aplicado durante todo 2007 no alcanzara a cubrir el avance que haya registrado el índice salarial.

De todas formas, parece difícil que se dé esa situación. En los primeros nueve meses de este año, el índice de salarios se elevó un 17,26%, en tanto que las jubilaciones acumulan una mejora del 27,12 por ciento.

Sin legislar

Que los aumentos dados este año cumplan con la pauta fijada por la Corte no significa, sin embargo, que el tema de la movilidad esté solucionado. Los jueces se cuidaron de no legislar, al no disponer qué es lo que debe ocurrir de acá en adelante con la actualización de los ingresos de los pasivos, y recordaron que esa tarea le corresponde al Poder Legislativo.

Además, el fallo declara la inconstitucionalidad del artículo de la ley de solidaridad previsional (la 24.463) que dispone que la actualización de los haberes sea fijada anualmente por la ley de presupuesto nacional. E insiste en que "contribuiría a dar mayor seguridad jurídica el dictado de una ley que establezca pautas de aplicación permanentes".

"La Corte no legisló; solucionó el problema que tenía que solucionar pero cuidando la independencia de los poderes", destacó Stasevich.

Jáuregui estimó que el índice elegido es el más moderado entre los que podrían haber figurado en el fallo.

La Cámara de la Seguridad Social, de hecho, dictó sentencias en los últimos años al establecer como pautas de movilidad índices como la evolución de los salarios formales o de la recaudación de aportes. El indice general de salarios del Indec contempla lo que ocurre tanto con los salarios en blanco como con los informales.

Por Silvia Stang
De la Redacción de LA NACION

Toman fondos de la Anses
Fuente: La NACIÓN - Martes 27 de noviembre de 2007 http://www.lanacion.com.ar/economia/nota.asp?nota_id=965980&origen=premium

El Gobierno debió recurrir a los fondos jubilatorios para financiarse. Pero no se trata de una ampliación de la deuda del Tesoro con la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) sino de una renovación de títulos que estaban en manos de ese organismo descentralizado.

La Anses concretó el pasado jueves la renovación de papeles por US$ 541 millones a un valor mayor al de mercado. Para ello, el Tesoro amplió la emisión del Bono de la República Argentina con Descuento en dólares, con una tasa del 8,28%. El vencimiento de estos títulos ocurrirá en 2033.

La colocación del título fue informada sólo ayer a través del Boletín Oficial y fue pactada a un precio de US$ 111,918 por cada 100 nominales. El bono Discount, que creó la Argentina para la reestructuración de deuda que completó en 2005, cotiza actualmente entre 90 y 91 en el mercado local.

Tras unos meses sin actividad en los mercados, la Argentina se lanzó dos semanas atrás a la búsqueda de dinero. El 14 de noviembre captó US$ 573,9 millones con la subasta del Bonar X al 2017 y un rendimiento del 10,5% semianual. La semana pasada, el Gobierno informó que adjudicó en forma directa a Venezuela US$ 500 millones en Boden 2015 al 10,43%. Con todos estos fondos, el gobierno de Néstor Kirchner aspira a cubrir las necesidades financieras del fin de año.

 

 

Un fallo obliga a subir el haber más allá de los aumentos

DOMINGO 16 SET 2007Fuente. CLARÍN

http://www.clarin.com/diario/2007/09/16/elpais/p-01903.htm

DOS CASOS DIFERENTES, PERO CON IGUAL RESULTADO : ESTATALES O PRIVADOS, LOS JUBILADOS PIERDEN CONTRA LA INFLACION

La Sala III de la Cámara de la Seguridad Social reconoció que el aumento de las jubilaciones del 13% que, desde enero de 2007 y por iniciativa del Gobierno aprobó el Congreso, representa un "suplemento de movilidad" sólo a partir de esa fecha. Y no repara la pérdida real de haberes que tuvo un sector de jubilados que recibió incrementos inferiores a la suba de los salarios. Así, la Cámara en la causa "García, Norma Concepción s/ reajustes" le dio la razón a la jubilada y determinó que su beneficio debe ser incrementado en un 50,48%, más la retroactividad.

Según la Justicia, en marzo de 1995, García ganaba 642,91 pesos. Y recibió tres aumentos, "lo que significa una recomposición total del 37,97%". La sentencia pondera que otros jubilados recibieran aumentos mayores, en especial los que ganaban menos, y también "el éxito declarado en el logro del objetivo de 'inclusión social' procurado a través de la generosa oportunidad ofrecida por ley 25.994" (jubilación por moratoria).

Después de detallar los aumentos que recibió cada sector según la franja de haberes, el fallo concluye que hubo "un tratamiento marcadamente dispar -con excepción del último período- según la suma de la prestación de que se trate". Así, coteja los aumentos que recibió García con la variación salarial promedio de las Remuneraciones Declaradas al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, del Ministerio de Economía. Entre marzo 1995 y diciembre 2006 fue del 107,48%.

El fallo dice que "es deber indeclinable del Tribunal preservar, examinados los alcances de los actos de los otros poderes en torno a la movilidad aplicada a la prestación bajo análisis a partir de abril de 1995 y el consiguiente ajuste alcanzado", por lo exiguo. Y concluye "que resultan irrazonables e injustos, en tanto traducen un tratamiento desigual, producen un perjuicio patrimonial confiscatorio y vulneran -a la vez- el carácter integral e irrenunciable del derecho previsional en juego". Con este fundamento, se le otorga a la jubilada la diferencia entre 107,48% y el 37,97% recibido, lo que llevaría su haber a diciembre pasado a 1.333,90 pesos.

La sentencia agrega que García "deberá cobrar la diferencia (con sus intereses) que surja para cada período semestral sujeto a reliquidación, del cotejo entre el nuevo haber reajustado con el efectivamente percibido". Y aclara que "la movilidad así dispuesta para este caso, con el fundamento y los alcances expresados, absorbe los aumentos ya aplicados".

 

Una renta privada que casi no tiene ajustes

DOMINGO 16 SET 2007 Fuente: CLARIN http://www.clarin.com/diario/2007/09/16/elpais/p-01902.htm

DOS CASOS DIFERENTES, PERO CON IGUAL RESULTADO : ESTATALES O PRIVADOS, LOS JUBILADOS PIERDEN CONTRA LA INFLACION

Un afiliado a una AFJP sólo tuvo un ajuste de 4,8% en tres años. Una beneficiaria del sistema de reparto obtuvo un fallo que dice que deben compensarle la movilidad.

QUEJA. CHELIA RECLAMA, PERO LA ASEGURADORA DICE QUE ESO ES LO QUE FIRMO.

Francisco Chelía era afiliado a una AFJP. Por una incapacidad, se jubiló por invalidez definitiva en agosto de 2004. Con el saldo que tenía en su cuenta más el monto del seguro de invalidez que tenía la AFJP adquirió una renta vitalicia (de por vida) en una compañía de seguro de retiro con un haber mensual de $ 1.582. Durante todos estos tres años, Chelía siguió cobrando una mensualidad similar con pequeños ajustes. El mes pasado cobró $ 1.718: 8,6% más que al inicio. En ese período la inflación oficial fue del 31%. Perdió casi una quinta parte del poder adquisitivo inicial.

Chelía había aportado al Estado antes de afiliarse a la AFJP. Por eso, comenzó a cobrar de la ANSeS $ 820 más. Ahora cobra del Estado $1.029: recibió la suba del 11% de setiembre de 2005 y el 13% desde enero. A partir de este mes cobrará por la parte del Estado otro 12,5%: en total 41%.

La compañía de seguro La Segunda, donde Chelía contrató la renta (muchas otras tienen contratos similares) confirmó a Clarín estas cifras. Y ante la insistencia de este diario, aseguró que Chelía no cobró ningún adicional extraordinario, como otorgan otras aseguradoras.

La compañía admitió que el poder adquisitivo de Chelía sufrió un perjuicio, pero argumentó que eso es lo que marca el contrato de renta vitalicia que Chelía suscribió. Por ese contrato, según la compañía, Chelía debía recibir el 70% del excedente de rentabilidad, descontada la rentabilidad técnica del sistema. Y eso suma 8,6%, insistieron.

Si Chelía hubiera optado por un Retiro Programado -otra modalidad de jubilación privada- hubiera recibido hasta ahora un ajuste superior a la inflación, pero ese contrato no es vitalicio (de por vida) sino que en cierto momento pasa a ser decreciente, hasta que se agote el saldo de la cuenta. "Corría el riesgo de que en determinado momento sólo cobre la parte del Estado", respondió Chelía.

En la Superintendencia de AFJP afirman que desde 2002 las rentas vitalicias se ajustaron por debajo de la inflación. Y que los ajustes varían según la compañía y el contrato. "Es imposible comparar los rendimientos de cada compañía. Para poner fin a esta situación, se aprobó una resolución con la Superintendencia de Seguros que fija (como informó Clarín semanas atrás), un único modelo de renta vitalicia y un piso de transferencia de rentabilidad para evitar todas estas distorsiones", aclararon en la Superintendencia. Pero esa norma debuta en diciembre de 2007 y no modifica los contratos ya firmados, como el de Chelía.

Por Ismael Bermúdez - ibermudez@clarin.com

 

El Indec afectó a futuros jubilados
Por los cambios en las cifras, cada afiliado a una AFJP perdió en promedio 670 pesos de su cuenta de capitalización
Lunes 8 de octubre de 2007 - Fuente:LA NACION

El paso de Guillermo Moreno por el Indec será recordado por muchos argentinos durante mucho tiempo. En lo que va del año, cada afiliado a una AFJP perdió, en promedio, 670 pesos de su cuenta de capitalización individual por la manipulación de los índices de inflación sobre cuya base se calcula el valor de gran parte de los activos que tienen los fondos de jubilación y pensión.

Casi la mitad (49,6%) de la cartera de inversiones del conjunto de las AFJP está ajustada por el coeficiente de estabilización de referencia (CER), que reproduce las variaciones del índice de precios al consumidor (IPC) que el Indec mide en la Capital Federal y el conurbano bonaerense, un indicador muy cuestionado por especialistas de todo el arco ideológico. Lo que perdió cada afiliado surge de recalcular el valor en pesos de los títulos y plazos fijos que se ajustan por CER, según el IPC de la provincia de Mendoza, considerado por muchos un referente más cercano a la variación de precios en el país.

Según datos de la Superintendencia de AFJP, al 31 de agosto las administradoras manejaban fondos por $ 87.982 millones y tenían casi 11 millones de afiliados. Hasta ese momento, la inflación minorista calculada por el equipo de Moreno (y avalada por el presidente Néstor Kirchner) era del 5%; la de Mendoza, 17,1%. Los 12,1 puntos del aumento que no se produjo en los activos de los futuros jubilados representan una pérdida del 8,3% en la cuenta de capitalización de cada individuo.

De allí surge gran parte de los fondos a que se refería la candidata oficialista, Cristina Kirchner, cuando denunció intereses "políticos y económicos" detrás de las acusaciones de manipulación del IPC y señaló que "el 42% de la deuda [pública argentina] se ajusta por CER, y cada punto de inflación significa 421 millones de dólares [que debe pagar el Estado]".

El jefe de Análisis Financiero de Tavelli y Cía., Juan Pablo Vera, que a pedido de LA NACION hizo los cálculos sobre la incidencia del CER en la cartera de las AFJP, sostuvo: "Esto es economía y es suma cero. Cuando gana uno, pierde el otro. El supuesto ganador es el Estado y el perdedor es el afiliado a una AFJP. Pero la pérdida no sólo queda circunscripta a una AFJP, porque gran parte de estos títulos fueron transferidos a mediados de año al Estado con el traspaso de aportantes al sistema de reparto. El Estado los emitió y ahora los tiene en posición para hacer frente a las futuras jubilaciones. Es deudor y acreedor".

El analista aclaró que el cálculo debe ser considerado en términos teóricos, porque en realidad el CER ajusta sobre el capital y varios de esos títulos tienen vencimiento a muy largo plazo.

En total, se tomaron en cuenta 19 títulos ajustables por CER más los plazos fijos que están en esa situación. El más importante es el Cuasi Par: el stock de esos activos llega a casi $ 24.000 millones. Vera indicó que también parte de la pérdida de valor de los bonos argentinos durante la crisis financiera internacional puede ser atribuida a la desconfianza institucional que produjo la manipulación del IPC.

Ahora bien, ¿por qué calcular la pérdida por afiliado según la inflación mendocina? Ese es uno de los indicadores que no han sido alterados por Moreno. Pero hay otros que también han escapado, al menos parcialmente, al funcionario. El índice de precios mayoristas, por ejemplo, duplicó de enero a agosto los valores del IPC: 10,4%. Un CER basado en ese indicador (que es elaborado por el propio Indec) les habría reconocido a los afiliados a las AFJP $ 299 más en sus ahorros.

Si se considera otro indicador que elabora el Indec, el de los precios implícitos en los supermercados, el CER treparía al 14,1% y el afiliado promedio contaría con $ 504 extra. Pero hay quienes creen que ni siquiera la inflación mendocina refleja el total de los aumentos. Un hipotético CER basado en la variación de precios en otras provincias, como La Pampa, llegaría al 20,7% y demostraría que cada afiliado tiene derecho a reclamarle a Moreno por los $ 869 pesos que no le han reconocido.

Nuevo default

Ante la consulta de LA NACION, las AFJP prefirieron opinar con reserva de identidad. "Si alguien se jubila hoy, esta situación no tiene impacto para él -dijo una fuente del sector-. El impacto lo van a tener los que se jubilen a medida que vayan venciendo los bonos ajustados por CER. Por una cuestión contable, no tiene un impacto inmediato en las carteras de las AFJP. Pero éste es un impacto menor al lado del impacto que causa en los mercados en general. Es difícil cuantificar, pero es más grave el impacto institucional, que nos castiga mucho a futuro".

Ya hay afiliados a las AFJP que decidieron presentarse como querellantes en la causa judicial en la que se investiga la manipulación de los índices de inflación. La semana pasada, dos particulares, patrocinados por el abogado Fabián Bergenfeld ratificaron su denuncia. "Los afiliados a las AFJP, sin haberlo elegido, debieron aceptar tener sus aportes transformados en bonos actualizables por CER y por ello están sufriendo un menoscabo en sus ahorros. Esto implica técnicamente un nuevo default", dijo Bergenfeld a LA NACION.

Por Oliver Galak
De la Redacción de LA NACION

-------------------------- Comentarios de Lectores de LA NACIÓN sobre el Artículo:

pujol - 08.10.07 - 09:34
Gracias tuerto cornudo, seguí afanándonos. Despues vas a decir que el sistema de afjp no sirve. El que no sirve sos vos, Montonero resentido. Lo mas triste es que muchos argentos clarinizados lo aplauden. Que país de NABOS !!!!!

capazo - 08.10.07 - 10:12
Comentario 15: Se lo confirmo, tengo un familiar que jamas realizo aporte alguno y se jubilo y ya esta cobrando desde el año pasado. Su sueño no es tal, es realidad.

 

 

El 30° aniversario de la Fundación Mediterránea
Para Cavallo, el actual modelo económico "es un desastre"
"Vamos hacia el país que ya vivió 30 años con inflación", sostuvo el ex ministro
Viernes 21 de setiembre de 2007 - Fuente LA NACIÓN http://www.lanacion.com.ar/economia/nota.asp?nota_id=946018&origen=premium

Invitado como orador central del 30° aniversario de la Fundación Mediterránea, se comprometió a hablar sólo de historia, pero no dejó pasar el momento para criticar el presente ("este modelo es un desastre") y advertir sobre el futuro ("vamos al país que ya vivió 30 años con inflación").

Tras una presentación ante 2000 invitados en un almuerzo, en el que afirmó que si el país volviera a la hiperinflación él volvería a tomar las mismas medidas que tomó desde 1991, rompió su silencio de más de dos años ante los medios y dialogó con algunos diarios, entre ellos LA NACION.

-¿A qué se refiere con la oscuridad que vive el país?

-Se dice que hay superávit fiscal porque no contabilizan los fondos fiduciarios, ni los pasivos a los jubilados a los que no les cumplen con la ley de solidaridad previsional. Y se miente cuando se dice que no va a haber aumento de tarifas: ¿cómo no va a haber aumento si han sido congeladas con una inflación de más del 100% y un alza del dólar de más del 200%? ¿Quién les cree? La gente muchas veces quiere creer o ansía que no le den una noticia mala, pero la engañan.

-¿No pasaba lo mismo cuando se decía que el peso valía un dólar?

-No, todo lo contrario: en los 90 el peso valía uno a uno y los que decían que no estaba bien valuado era porque tenían intereses creados y querían un viva la pepa para aumentar los precios como en 2002; querían pegarle un zarpazo al bolsillo de la gente y producir una redistribución de la riqueza a favor de los grandes deudores, del Banco de la Provincia de Buenos Aires, en contra de la gente.

-¿Qué opina de la concertación que busca Cristina de Kirchner?

-Esa es una historia antigua que fracasó en todas las oportunidades que se intentó, salvo que sea un pacto para definir reglas de juego como el que se hizo en 1995-1996, que dio lugar a las modificaciones de las leyes laborales. En ese caso vale la pena, pero un pacto de precios y salarios siempre es un fracaso porque para eliminar la inflación lo que hay que erradicar es la mentira y el engaño, sincerar todas las cosas, dejar que los precios alcancen los niveles que la realidad impone y no tratar de fijar los que el gobierno quiere.

-¿Qué medidas sugiere?

-Ninguna porque no soy gobierno. Si fuera gobierno haría las cosas de una manera absolutamente diferente, volviendo a las reglas de la economía que había en los 90, perfeccionadas, pero no oscurecidas o destruidas como ocurrió desde 2002.

-¿Por qué plantea que habrá un escenario de estancamiento con inflación?

-Porque no creo que se esté creciendo al 8%. La capacidad de electricidad, gas y petróleo ha estado estancada desde 2001. No hay inversión en sectores clave de la economía. Lo que creció es la demanda sobre fenómenos artificiales; por ejemplo, si a la gente le regalan la electricidad, el gas y el transporte, obviamente que a la gente le queda más para gastar en otras cosas, pero cuando se vean obligados a hacerle pagar a la gente lo que valen esos servicios, los salarios reales se van a ver muy afectados y caerá la demanda.

-¿Y la inflación va a incrementarse?

-Si siguen con estas políticas de aliento a la demanda y tratando de mentir con los índices de precios, en caso de un sinceramiento, puede haber una complicación muy grande con la inflación.

-¿La clave es sincerar precios?

-Para mí lo que hay que sincerar son las reglas de juego de la economía. Por ejemplo, ¿se concibe o no que, como aumenta el precio internacional de la carne, va a subir el precio interno o van a prohibir exportar? Si se concibe esto último estamos en una economía en la que el Estado mete discrecionalmente la mano sobre los mercados, con gravísimas consecuencias para el futuro. Otro ejemplo es la apertura de la economía: se rasgan las vestiduras diciendo que ahora se puede exportar, pero por otro lado toman medidas que atentan contra el libre comercio con China, que es el gran mercado de nuestras exportaciones.

-¿Pero qué consecuencias tendría ese sinceramiento? ¿Más inflación?

-No, si se acompaña con políticas macroeconómicas para defender la estabilidad. Lo que pasa es que la política monetaria no está enderezada.

-¿Qué opina de este modelo económico?

-Para mí, es un desastre. Hoy la economía argentina está muy mal organizada y, por lo tanto, nadie puede predecir cómo va a ser en el futuro. Tuvimos gran reactivación por la gran recesión previa y la bonanza externa.

-¿Por qué dejó de consultarlo a usted el presidente Kirchner?

-El, en realidad, no me consultaba, sino que apoyaba todas las políticas de los 90, como Menem y De la Sota, pero me parece que la oscuridad en la que entró la economía argentina lo confundió a él mismo, por lo que habla sobre economía con una ignorancia supina. En los 90 entendía muy bien, pero ahora es como alguien que está metido en una pieza oscura y que no sabe adónde va.

Por Martín Kanenguiser
Enviado especial

 

Cifras oficiales

Hay 4,55 millones de asalariados que trabajan en negro
Jueves 20 de Setiembre de 2007 - Fuente LA NACIÓN :http://www.lanacion.com.ar/945711

El problema afecta al 40,4% del empleo

El 40,4% de los trabajadores asalariados no está protegido por el sistema de seguridad social: son, así, 4,55 millones los empleados que están en negro, si se considera toda la población urbana del país. La citada tasa de "asalariados sin aportes jubilatorios" corresponde al segundo trimestre de este año, fue difundida ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y muestra una caída respecto de los índices relevados en períodos anteriores: en los primeros tres meses del año la falta de aportes afectaba al 41,6% de los empleados, en tanto que en el segundo trimestre de 2006 la tasa era del 44,1 por ciento.

Los datos surgen de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), cuyos resultados generales se difundieron la semana última en medio de la advertencia de los técnicos del área, que dijeron no haber sido quienes procesaron los datos, ya que estuvieron varios días de paro en protesta por la crisis política del organismo. Según la encuesta, el desempleo del período resultó del 8,5 por ciento.

El problema de los trabajadores sin aportes para su jubilación tiene mayor fuerza en las provincias del Nordeste, donde la tasa llega al 49,1 por ciento. En Cuyo y el Noroeste el porcentaje es del 43,7%, y en el área metropolitana (Capital Federal y conurbano), del 40%, un nivel no muy lejano al detectado en la región pampeana (39%). El índice más bajo se registró en la Patagonia, donde el 24,6% de los empleados no cuenta con protección social.

La tasa de trabajo en negro comenzó a mostrar un alivio luego de tocar su máximo histórico en el cuarto trimestre de 2004, cuando, ya con la recuperación económica en marcha, trepó al 48,9%, con picos de más del 55% en las provincias del Norte. Desde ese entonces, el índice promedio acumula una caída de 8,5 puntos porcentuales.

Mediante un comunicado emitido por el Ministerio de Trabajo tras conocerse el informe del Indec, el jefe de esa cartera, Carlos Tomada, atribuyó "la nueva baja del trabajo no registrado" al crecimiento de la economía y a "la fuerte política de inclusión social". Esa política logró, según el Ministerio, que casi 700.000 ex beneficiarios del Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados se incorporaran al trabajo "formal y registrado". Tomada también le asignó mérito a la presencia de la cartera laboral en las empresas a través de las inspecciones realizadas "en el marco del Plan de Regularización del Trabajo".

Heterogeneidad

La realidad que esconde el índice de asalariados sin aportes es heterogénea y la herramienta de las inspecciones alcanza por lo general a empresas medianas que trabajan en la economía formal, aunque a veces parcialmente (ya que no declaran toda su actividad). Dentro del índice de informalidad también están incluidos quienes son contados por el Indec como ocupados estando en planes de empleo y quienes trabajan en muy pequeñas unidades de producción con bajas posibilidades de acceso al blanqueo.

Además del dato de informalidad, el informe difundido ayer muestra que la desocupación es más elevada entre las mujeres: en este segmento la tasa llega al 10,6%, mientras que es del 6,9% entre la población masculina. Las estadísticas también confirman que los jóvenes están especialmente afectados por la ausencia de trabajo: entre las mujeres de hasta 29 años, la desocupación trepa al 18,9%, y entre los varones jóvenes, es del 13,5 por ciento.

Por Silvia Stang
De la Redacción de LA NACION

 

Los pasivos, en el centro del debate

En el sistema de reparto las jubilaciones ya están en riesgo
LA NACIÓN - Domingo 2 de Setiembre de 2007

A partir de una reforma previsional, el Gobierno comenzó a tomar fondos que gestionaba el régimen privado y, a la vez, asumió mayores compromisos a futuro; surgen dudas sobre la viabilidad del plan

Está claro que varias medidas tomadas por el Gobierno se orientan a dar mayor protagonismo a la administración pública en el sistema jubilatorio.

Sin embargo, no se muestra tan evidente, a los ojos de varios analistas, si en la construcción de un régimen de reparto fortalecido en su cantidad de afiliados y beneficiarios, existen efectivamente cimientos y columnas resistentes para asegurar que en el futuro se puedan cumplir los mayores compromisos asumidos.

Más bien, hay quienes creen que existen riesgos de que a mediano y largo plazo el Estado no tenga fortaleza para enfrentar todos sus pasivos –que hoy toma pero no contabiliza– y termine ejecutando mecanismos como los que, en otros momentos de la historia argentina, licuaron el valor de los recursos para la clase pasiva.

El sistema previsional es hoy superavitario –sin entrar a discutir si lo sería en caso de aplicarse un mecanismo de movilidad de los haberes, tal como ordenó la Corte Suprema–, y a eso se suma que el régimen público recibió el dinero acumulado por casi 1,5 millones de afiliados a las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP), que fueron derivados a reparto según disposiciones de la ley previsional aprobada este año. Una preocupación surge, entonces, para los economistas consultados por LA NACION, cuando se analiza qué destino se dará a esos fondos y si puede esperarse que garanticen el funcionamiento de un régimen que, en rigor, es dependiente del número de aportantes activos presentes y futuros.

Con el declarado objetivo de resguardar recursos, el Poder Ejecutivo creó un Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional de Reparto. No obstante ello, en los últimos meses, las transferencias desde las AFJP se contabilizaron como parte de los ingresos corrientes del sector público, algo que algunos cuestionan, pero que no choca con impedimentos formales, según expertos en materia fiscal.

Un tema que se observa con cierta inquietud es que parte del superávit previsional se haya destinado a comprar letras del Tesoro con rendimientos inferiores a la inflación oficial.

En la Anses existen tenencias de Letras por $ 2250 millones, que fueron tomadas en 2005 y luego se renovaron, algo que se repetirá en los próximos días, según admitió una fuente del Gobierno. "Los que critican esta colocación parecen no saber que la ley de administraciones financieras permite hacer inversiones sólo en plazos fijos del Banco Nacion o en letras", se atajó un funcionario.

Además de ese financiamiento en particular al propio fisco, con el pase de saldos de las cuentas de capitalización llegan títulos de deuda pública que estaban en poder de las AFJP. En la opinión de algunos economistas, como el ex secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, al volver al Estado esos títulos deberían ser dados de baja del stock de deuda.

En mayo último llegaron a la Anses $ 2828 millones, provenientes de las cuentas de capitalización de 175.147 personas incluidas en regímenes especiales (docentes, investigadores científicos, diplomáticos y jueces), que prometen prestaciones del 82 o del 85% (no móvil) del salario activo. El pase se justifica en que el Estado es el que promete dar esas prestaciones.

En julio se transfirieron $ 4653,6 millones de las cuentas de afiliados que, teniendo más de 50 o de 55 años (según se trate de mujeres o varones) y un ahorro acumulado menor a los $ 20.000, no optaron por quedarse en la AFJP y, por lo tanto, fueron derivados a reparto. El efecto de ese pase, traducido en un abultamiento del superávit fiscal que exhibe el Gobierno, se vio parcialmente en las cuentas de julio (se contabilizó sólo la tercera parte); el resto del impacto se reservó para agosto y septiembre.

Dinámica de pases

Luego de esos traspasos, no habrá otros de montos tan significativos.

Periódicamente se irán transfiriendo los fondos de quienes vayan cumpliendo 50 o 55 años y tengan bajo nivel de ahorro. Entretanto, el dinero ya acumulado por quienes deciden voluntariamente pasar al régimen estatal quedará en las AFJP, y el régimen público comenzará a recibir el flujo de sus aportes desde enero de 2008. Hasta entonces no se conocerá exactamente cuánta gente habrá abandonado capitalización: se sabe que unas 800.000 personas bajaron el formulario de Internet, pero eso no significa que hayan concretado el trámite, que requiere el envío de la planilla por correo.

Otro mecanismo que engruesa el número de aportantes a reparto es que, desde abril último, los nuevos trabajadores que no optan en un plazo de 90 días a qué sistema derivar sus aportes pasan a ser afiliados de la Anses.

Según informaron en el organismo de la seguridad social, el fondo de reserva al que irán los recursos extraordinarios se integrará formalmente el 15 de este mes, y desde entonces se aplicará un plan de inversiones que está en estudio. "El fondo tiene el doble objetivo de calzar en el mediano plazo los vencimientos de las inversiones con altas en el sistema jubilatorio, y de hacer frente a eventuales problemas futuros de financiamiento", sostuvo Sergio Massa, director ejecutivo de la Anses.

Pero el mecanismo tiene sus cuestionamientos. ¿Cuáles son las críticas, expresadas por diferentes analistas? Que un fondo así no se condice con la naturaleza de un sistema de reparto que supone un financiamiento intergeneracional; que por su volumen (inicialmente tendrá $ 20.000 millones) no tiene fuerza para dar sustentabilidad al régimen, cuyo financiamiento depende de otros factores, y que se corre el riesgo de que el dinero termine mal invertido o con su valor licuado.

El decreto que crea el fondo fija pautas amplias para la colocación del dinero, sin disponer límites por instrumentos financieros al modo de los que rigen, por ejemplo, para las AFJP.

"Es altamente riesgoso otorgar discrecionalidad a un organismo que carece de autonomía política y que puede ser capturado por el poder de turno para usar los fondos sin proteger su valor", observó Juan Luis Bour, economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL). Bour, como otros entrevistados, lamentó que se financiara al Tesoro con tasas inferiores a la inflación, y comparó la situación con colocaciones compulsivas de bonos en las décadas del 50 y del 80, que, según dice, vaciaron el viejo sistema de jubilaciones.

Según Juan Massot, economista de la Universidad del Salvador, prestarle al fisco no conlleva más riesgo que el que tienen las AFJP al tomar deuda pública. "Habría más riesgo moral si se invirtiera en acciones privadas", estimó. Massot agregó que siempre hay un riesgo de que fondos previstos para el largo plazo se usen, en una crisis, para paliar situaciones inmediatas.

En la opinión de Rogelio Frigerio, director ejecutivo de la consultora Economía & Regiones, el fondo de reserva es una buena medida, "si se asegura que no se va a usar como variable de ajuste ante dificultades financieras del Gobierno". El actual proceso de transferencia de recursos se da en un contexto en el que aparecen luces de alerta en el sector público. Luces que exhiben poco brillo, justamente, porque las disimulan los fondos previsionales.

"En los primeros seis meses del año, el superávit primario [del sector público] ascendió a $ 14.280 millones, un aumento del 13,4% respecto de igual período de 2006. Para ese resultado se computaron como ingresos corrientes de la Anses $ 2828 millones, que vienen de las cuentas de afiliados a las AFJP traspasados", observó Frigerio. Si se elimina "el retoque contable", estimó, el superávit primario del semestre fue un 9,1% inferior al de ese período de 2006, mientras que el resultado financiero (que incluye pagos de servicios de la deuda), cayó un 38,6% interanual.

La Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) advirtió que tal caída interanual del superávit debe revertirse para lograr "cierta holgura en la administración de los servicios de deuda de mediano plazo".

"Nada garantiza que esos fondos [del sistema previsional] sean intangibles -consideró el actuario Daniel Marcú-; nada garantiza que cuando el Estado necesite recursos no se los vaya a llevar." El consultor recordó que el sistema jubilatorio tiene en nuestro país una historia de licuaciones por inflación del valor de sus recursos. Sin ir más lejos, eso ocurrió a partir de 2002, con un efecto que siguen sufriendo quienes cobran más que el haber mínimo y que, aun con los aumentos que recibieron (proporcionalmente inferiores a los percibidos por quienes menos ganan) tienen hoy un poder de compra inferior al de 2001.

"En general, los sistemas de reparto son inviables y acá no hay posibilidad de que el Estado cumpla a largo plazo con sus compromisos; lamentablemente es así, si hablamos de preservar el valor de las prestaciones", dijo Marcú, tras recordar que por la moratoria previsional, se sumaron más de 1,2 millones de jubilados -que pagan una cuota mensual por la deuda que declararon, pero siempre menor al haber mínimo que ya perciben-, sin hacerse antes un análisis cierto de viabilidad.

"Los que dicen que el reparto no funciona [por no ser suficiente la cantidad de activos para a los pasivos] deberían saber que el sistema actual está financiado en un 60% por recursos de rentas generales", dijo con tono desafiante una fuente del Gobierno. "Todos los países tienen ciclos; eso se dice hoy, pero el día de mañana la recaudación de los impuestos puede no ser buena", retrucó un analista.

"Un sistema de reparto supone un financiamiento intergeneracional; no admite capitalizar fondos", opinó el economista Claudio Lozano, de la Central de Trabajadores Argentinos, quien cuestionó la toma de Letras que, por sus bajas tasas, provocan "una descapitalización" en términos reales.

Para Lozano, el dinero que llega a la Anses deberían usarse para dar una recomposición por movilidad (ajustes automáticos en función de un índice como podría ser la evolución de los salarios) a los haberes. Lozano estimó que ésa sería una señal de incentivo para el pase a reparto. "Si se sigue pagando cada vez a más beneficiarios el haber mínimo, eso es un elemento disuasivo para ir al sistema: los aportantes con mejores sueldos no se pasan y así el sistema de reparto se queda con la mayor masa de jubilados y con los aportantes de sueldos más bajos", analizó. Se promueve que el régimen público tenga más afiliados, pero, según evaluó, no se toman las previsiones para fortalecer el régimen: dar la movilidad y restituir el nivel de las contribuciones patronales, reducidas en 1993.

Los reclamos judiciales por movilidad son una espada que desafía la existencia de recursos "excedentes" en el sistema. Al tema se suman las causas judiciales por la falta de actualización de los salarios de los últimos 10 años aportados, cuando se hace el cálculo del haber inicial, que, lógicamente, nace desvalorizado.

"El sistema de reparto no protege a los afiliados cuando hay alta inflación", señaló Bour, que consideró que el objetivo de la última reforma "es esencialmente fiscal, con una solución de corto plazo (para hacer frente al costo de la moratoria y al alza de las jubilaciones), que oculta el déficit de mediano y largo plazo". Advirtió que en las cuentas fiscales se muestra el saldo positivo del pase de afiliados, pero no se computan los pasivos que se asumen.

Es una contabilidad con satisfacciones para hoy. Y dudas para mañana.

Por Silvia Stang
De la Redacción de LA NACION

Link corto: http://www.lanacion.com.ar/940025

 

 

El ejercicio inhumano de la paciencia
Fuente: La Nación - Jueves 31 de Mayo de 2007

Los gobernadores de las provincias que recientemente participaron junto con las delegaciones de la ANSES de todo el país en el reclutamiento de más de dos millones de personas que, en un trámite sumarísimo de 30 días, sin haber hecho jamás los aportes en la Afip pasaron a gozar de una jubilación ordinaria, tendrían que poner el mismo énfasis en solucionar la situación de miles de ciudadanos que se encuentran postergados desde hace años sin lograr este beneficio luego de haber cumplido con todas las disposiciones legales que hasta entonces se exigía a los trabajadores para jubilarse.

En el caso de Santiago del Estero, el gobernador Gerardo Zamora dispuso a través de un Programa de Asistencia, no sólo el subsidio de la primera cuota ante Afip sino un asesoramiento provisional que incluyó la preparación de personal que trabajó, no sólo en un edificio exclusivamente preparado para este fin, sino en las mismas instalaciones de la UDAI local, recibiendo y procesando toda la documentación hasta la liquidación y el cobro del beneficio.

Si en realidad el gobierno nacional está trabajando con políticas de inclusión sin especulaciones por la proximidad del acto electoral de octubre próximo, es ineludible que debe contemplar la total injusticia y discriminación que sufrimos los que religiosamente hemos realizado los aportes mensuales por mas de 30 años y que estamos esperando como en mi caso hace casi un año y medio que se me fije el monto y la fecha para el cobro del beneficio jubilatorio.

No he visto ninguna iniciativa ni de parte del responsable nacional de la ANSES, como tampoco de las delegaciones del interior que tienda a desburocratizar este trámite que padecemos los legítimos aspirantes a este beneficio universal y obligatorio, mientras el tiempo inexorable nos somete a una dura prueba y a un ejercicio de paciencia que para el caso de personas de más de 60 años resulta inhumano.

Luis Alberto Corbalán

cococorbalan@hotmail.com

 

Confiscación y dibujo fiscal
Fuente: La Nación - Viernes 29 de Junio de 2007

http://buscador.lanacion.com.ar/Nota.asp?nota_id=921377&high=jubilaci%F3n

El gobierno nacional presentó las cuentas públicas de mayo último con un superávit primario mensual de 5319,2 millones de pesos, superior en un 36,2 por ciento al del mismo mes de 2006. Debe aclararse, sin embargo, que esta abultada cifra se explica por el ingreso extraordinario y por una única vez de 1541,8 millones de pesos provenientes del traspaso al Tesoro de cuentas particulares del régimen de capitalización de casi 170.000 docentes, científicos, miembros del Poder Judicial y diplomáticos. De no haberse contado con estos fondos, el superávit primario hubiera sido menor en valor nominal que el del mismo mes del año anterior.

Las autoridades gubernamentales han considerado ese ingreso extraordinario un recurso corriente, lo cual implica un serio error conceptual sólo explicable por el afán de mostrar resultados mejores que los que se hubieran dado en una medición correcta. Los fondos traspasados eran activos acumulados en títulos y otras inversiones, administrados por las AFJP, con el fin de preservar o acrecentar el valor de los ahorros que eran propiedad de cada uno de los aportantes. Ahora han dejado de serlo para engrosar la caja del Estado, contra la promesa de una jubilación cuando esas personas pasen a la etapa pasiva. El traspaso de esos activos tiene su contracara en la incorporación de un pasivo, ya que el Estado se compromete ahora a un pago futuro al cual antes no estaba obligado. No se trata de un ingreso corriente que pueda ser gastado sin tener un efecto patrimonial.

Desde el punto de vista de los que perdieron la titularidad de esos fondos, se trata de una confiscación lisa y llana que no contó con su anuencia ni consulta previa. Resultan inaceptables las declaraciones de la ministra de Economía, Felisa Miceli, quien dijo que esta reforma previsional "trae aparejada la recuperación por parte del Estado nacional de estos recursos que fueron quitados cuando se hizo la reforma en 1994 y que son legítimos fondos del Estado". Ni fueron quitados ni nunca pertenecieron al Estado. En rigor, esa declaración denota más bien un acto fallido acerca del real pensamiento oficial, en el sentido de que el destino último de estos fondos será engrosar las arcas fiscales para justificar el preocupante aumento del gasto.

Aun si se hubiera consultado a los afectados, como ocurrirá con otras categorías de los actuales aportantes al sistema de capitalización, se lo hubiera hecho con información totalmente asimétrica y capciosa. La promesa de una determinada prestación futura en el sistema de reparto tiene el escaso valor que la experiencia histórica argentina confirma. Casi todos los sucesivos gobiernos en los últimos años han incumplido disposiciones legales y han desconocido fórmulas de ajuste en las prestaciones jubilatorias. Pueden dar fe de eso las decenas de miles de jubilados y pensionados que debieron promover reclamos judiciales tras haber sido defraudados por idénticas promesas de anteriores gestiones gubernamentales, cuyo incesante aumento hizo necesario crear los juzgados de la seguridad social, hace poco más de diez años.

El fisco ha transitado casi siempre por estrecheces que se han resuelto contrayendo el nivel de las prestaciones jubilatorias. Esta ha sido la típica variable de ajuste. No hay motivos para creer que esto no volverá a suceder en el futuro. Más bien debe decirse que la insolvencia fiscal será inevitable si se retorna gradualmente al sistema de reparto como lo pretende esta última contrarreforma previsional. Buscando aliviar la caja en lo inmediato, se incrementan notablemente las obligaciones del erario público en el largo plazo. Todo lo inverso a lo que debería ocurrir en una gestión previsora.

Los resultados fiscales presentados para mayo último no hacen más que confirmar que el gasto público crece aceleradamente y por encima de los recursos tributarios genuinos, a pesar de haberse desacelerado los gastos de capital. Es necesario, por lo tanto, insistir en que deben encararse reformas estructurales que actúen sobre la calidad y eficiencia del gasto público para evitar una nueva caída en la insolvencia fiscal. Parece inevitable que en algún momento deba recuperarse el poder adquisitivo de los salarios públicos y de las jubilaciones, y sea necesario reducir los derechos de exportación. Arbitrios como los traspasos criticados en este editorial crean mayor compromiso fiscal de largo plazo, a lo que cabe agregar el gran interrogante de cómo hará el Estado para afrontar en su momento las mayores erogaciones derivadas del inducido pase voluntario al sistema de reparto, si se destinasen los mayores ingresos consecuentes a incrementar el gasto sin efectuar previsión o reserva alguna.

Link corto: http://www.lanacion.com.ar/921377

 

PRIMER NIVEL
Jubilación: elegir es lo de menos

Fuente: Clarín - 3 de Junio de 2007 http://www.clarin.com/suplementos/economico/2007/06/03/n-01430954.htm

Los efectos de la reciente reforma previsional se harán sentir no sólo en lo inmediato sino también a largo plazo y afectan directa o indirectamente el futuro de todos, sostiene el autor. Y asegura que se realizaron sin que la sociedad pudiera interiorizarse mínimamente de lo que está en juego y, mucho menos, debatir informadamente sus pros y contras.

Guillermo Rozenwurcel. DIRECTOR AREA DE ECONOMIA. ESCUELA DE POLITICA Y GOBIERNO. UNSAM

Las cuestiones que preocupan a la ciudadanía se suceden vertiginosamente en el escenario político y mediático argentino. El debate de los temas importantes es, en el mejor de los casos, intermitente y superficial. Emerge cuando algún acontecimiento es "tema de tapa" en los medios y se diluye rápidamente sepultado por la siguiente novedad.

Algo de esto ocurre con los cambios operados recientemente en el régimen previsional. Sus efectos se harán sentir no sólo en lo inmediato sino también a largo plazo, afectan directa o indirectamente el futuro de todos y, sin embargo, se decidieron sin que la sociedad pudiera interiorizarse mínimamente de lo que está en juego y, mucho menos, debatir informadamente sus pros y contras.

Los cambios a que aludimos son básicamente dos. Uno atañe a los trabajadores activos y consiste en la posibilidad, antes inexistente, de optar antes de fin de año por salir del sistema de capitalización y pasarse al de reparto.

El otro abarca a quienes, habiendo alcanzado la edad jubilatoria o habiendo sumado 30 años de aportes, aún sin alcanzar la edad exigida, pudieron acogerse hasta el 30 de abril pasado a una generosa moratoria para regularizar deudas acumuladas con anterioridad a setiembre de 1993. Esto posibilitó el otorgamiento de más de 1.100.000 nuevas jubilaciones que, sin ese mecanismo, no hubieran podido concederse.

En esta nota abordaremos el primer tema, dejando para una próxima entrega la discusión que suscita la moratoria.

Es incuestionable que la reforma previsional de los noventa estuvo lejos de resolver las graves deficiencias del régimen preexistente. Las cuentas individuales ciertamente aportaron algo más de transparencia y previsibilidad, aunque los pregonados incentivos al ahorro previsional prácticamente no tuvieron efecto. Como contrapartida, el nuevo régimen generó un mercado altamente concentrado, promovió conductas colusivas, despilfarró recursos de los aportantes a través de elevadísimos gastos publicitarios, infló el costo de los seguros de vida y, tal vez lo más grave, no pudo impedir el vertical descenso de la cobertura.

Si se comparte este diagnóstico, no caben dudas de que una nueva reforma era ineludible (pareciera que nuestras imprevisiones nos condenan a estar permanentemente reformando las reformas). La encaró este gobierno satisfactoriamente?

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